Dos temas clave para elecciones de 2021 en esta semana: Lozoya e INE

Javier Tejado Dondé

Para nadie es ya un secreto que el Presidente de la República está metido de lleno en la planeación de su campaña electoral para 2021. Esas elecciones son clave para él, dado que se disputarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados. Si se queda sin la mayoría que hoy tiene en la cámara baja, perderá el control de todo el presupuesto (el dinero federal) y un régimen que apuesta tanto por el asistencialismo social no puede avanzar en su agenda sin éste.

Para nadie es ya un secreto que el Presidente de la República está metido de lleno en la planeación de su campaña electoral para 2021. Esas elecciones son clave para él, dado que se disputarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados. Si se queda sin la mayoría que hoy tiene en la cámara baja, perderá el control de todo el presupuesto (el dinero federal) y un régimen que apuesta tanto por el asistencialismo social no puede avanzar en su agenda sin éste.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le importan tanto las elecciones de 2021 que trató, en dos ocasiones, que la revocación de su mandato fuera en ese año —empatada con la jornada electoral— para tener el pretexto y la posibilidad de hacer abiertamente campaña a favor de su gobierno y de su partido. Hubiera incluso podido acceder a los tiempos del Estado (gratuitos) en radio y TV para hacer campaña, pero la oposición, por unos cuantos votos, pudo descarrilar el tema, con lo que la revocación de mandato será hasta el verano de 2022.

El Presidente está de lleno en la planeación de las elecciones: a pesar de que falta más de un año, ya pidió a los miembros de su gabinete ampliado que le definan quién le acompañará el resto del sexenio y quiénes tienen expectativa de ser diputados, gobernadores o alcaldes este 2021; ya está minimizando cualquier información que le sea adversa (inseguridad, desempleo y casos de Covid-19) y, en cambio, ha regresado a los contrastes y a la polarización en temas relacionados con la corrupción de sexenios anteriores.

Pero esta semana veremos qué grado de involucramiento tendrá el gobierno de la 4T y Morena en las elecciones a raíz de dos temas torales:

1.- El primero de ellos es la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que tendrá lugar este próximo miércoles. Hasta ahora, el proceso ha sido muy pulcro, en buena medida porque el Comité Técnico —uno de mayoría de expertos intachables como Blanca Heredia, Ana Laura Magaloni, Diego Valadés y José Roldán— nombró a 20 finalistas con base en cuestiones técnicas. Sin embargo, se empieza a ver que varios diputados del bloque oficialista, afines a la 4T, quieren reventar el proceso y rehacer las listas. Incluso, han anunciado impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tendrán que resolverse en las siguientes horas.

Hoy la 4T ya cuenta con un consejero completamente afín a ellos, Roberto Ruiz Saldaña, quien dejó de apoyar al PAN (era cercano al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés). Si la administración actual pudiera nombrar tres o, incluso, cuatro de los nuevos consejeros, en los hechos controlaría la mayoría del Consejo General del INE, a través de la cual muchas decisiones clave en el proceso electoral podrían cambiar: desde permitir la propaganda del Presidente de la República, que hasta ahora el INE ha venido frenado, hasta darle carpetazo a muchas investigaciones que hay en curso sobre uso indebido de recursos públicos en las campañas de Morena. Así que se viene toda una batalla por ver quiénes son los nuevos consejeros electorales.

2.- El otro gran asunto es cómo se va a procesar el tema de Emilio Lozoya Austin. Según ha trascendido, el acuerdo que le permitiría evitar la cárcel, al convertirse en testigo colaborador (algo que se le conoce como “criterio de oportunidad”), incluiría 18 horas de videos y audios exhibiendo la corrupción de prominentes figuras del PAN y algunas del PRI en el sexenio anterior.

A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) es ya un órgano autónomo y que no debería tener mayor relación con la 4T, por lo que el presidente López Obrador ha venido declarando en varias de sus ruedas de prensa mañaneras, parecería que conoce perfectamente lo que Lozoya trae ‘bajo el brazo’.

Hasta ahora, todo parece ir viento en popa para Lozoya, pues ni siquiera ha pisado la cárcel en México, a pesar de que dos jueces federales ya le fincaron órdenes de aprehensión por corrupción y delincuencia organizada. Tal parece que seguirá “hospitalizado” mientras que su defensa y la FGR cuadran el acuerdo de colaboración y se preparan para la eventual audiencia con la justicia federal.

De la mano con su colaboración, y lo que se supone implica que no pisará la cárcel, el acuerdo debe incluir a tres de sus familiares, por lo que la FGR también había pedido órdenes de aprehensión para Marielle Eckes, su esposa; Gilda Austin, su madre, y Gilda Lozoya, su hermana, dado que las tres habrían recibido transferencias de recursos mal habidos.

Será interesante ver cómo se procesa el tema de Lozoya y qué información nueva se aporta, pues lo que obra en los expedientes de la justicia de Estados Unidos y en los de la extinta PGR es que sí recibió varios pagos de la constructora Odebrecht. Unos como finiquito de un contrato de consultoría, y otros que no tienen una clara explicación. Ambos pagos sumarían poco más de 10 millones de dólares. Lo interesante es que en varios expedientes se acreditó que ese dinero pasó de cuentas en el Caribe a una cuenta de la familia Lozoya en Suiza, por lo que ese dinero no se fue a campañas ni a otros turbios destinos.

Así que hay varias dudas: ¿Qué va a pasar con esos 10 millones de dólares que presuntamente forman parte de esquemas de corrupción? ¿Los va a regresar, o dejarán que se los queden? ¿Qué otros elementos va a aportar Lozoya a la FGR? ¿Quién ordenó las compras infladas que hacía Pemex? ¿Hubo pagos a legisladores por la reforma energética de 2013-14?

Y, sobre todo, ¿cómo van a procesar la 4T y la FGR toda esta información, cuando, en principio, debería ser reservada para no dañar la imagen de los señalados hasta en tanto sean declarados culpables? Claramente hay un interés del gobierno porque esa información se haga pública a efecto de que le sirva electoralmente. Y, desde luego, también los medios tendrán un gran interés en esos temas desde una óptica periodística.

Así que, esta semana veremos qué tan bien o mal se manejan ambos temas: elección de consejeros del INE y la mediatización del caso Lozoya. Mi impresión es que su manejo será poco ortodoxo, pues a nuestra clase política lo único que le interesa es ganar elecciones, no fortalecer a instituciones como el INE o la FGR. El Estado de derecho puede esperar, pues. Los resultados electorales y el morbo, no.

 

Twitter: @JTejado

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