Caso Iguala: y ahora, libertad para los Abarca

Héctor De Mauleón

Luego de que 43 estudiantes normalistas desaparecieran en Iguala el 26 de septiembre de 2014, los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos intercambiaron mensajes de texto en los que se dio la orden de intentar un control de daños. En esos mensajes intervenidos por la DEA se manifestó la relación que el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, mantenía con el grupo criminal.

“Ira el puto presidente tambiense tiene queponer llamen al maromas y que le llame alhermano del” (sic), le instruyó el domingo 28 de septiembre Adán Casarrubias Salgado al jefe de plaza Gildardo López Astudillo, El Gil.

Un cúmulo de declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos revelan que esa noche El Gil ordenó la desaparición de los alumnos —secuestro, asesinato, quema de la mayor parte de los cuerpos—, y  que Felipe Rodríguez Salgado, al frente de un grupo de sicarios, la ejecutó.

Hoy El Gil y El Cepillo se encuentran libres, así como más de 70 halcones, sicarios y policías municipales implicados en los hechos de Iguala. A esta lista selecta de la impunidad podrían sumarse en breve el propio exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.

Un tribunal federal los amparó contra los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ordenó tomarles de nueva cuenta su declaración preparatoria, porque en el juicio no se les informó la identidad de dos testigos que declararon contra ellos, lo que habría violado su derecho de defensa y al debido proceso. Si el juez considera que no hay indicios para sujetarlos a proceso, quedarán en libertad.

En Iguala, la interacción entre el crimen organizado, los ciudadanos y las autoridades era permanente, según demuestran todas las investigaciones realizadas sobre el caso. En su recomendación de 2018 la CNDH comprobó que la noche de la desaparición policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, así como elementos de la policía estatal, la policía federal y la federal ministerial actuaron con miembros del crimen organizado, “bajo el cobijo de la alcaldía de Iguala”.

La esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa era operadora financiera de sus hermanos, Alberto y Mario Pineda Villa, conocidos como El MP y El Borrado, quienes ocuparon puestos relevantes en la estructura criminal encabezada por Arturo Beltrán Leyva —hasta que este decidió deshacerse de ellos porque “estaban operando y secuestrando sin consultar”.

Ante la procuraduría del estado de Guerrero un testigo declaró que el “arreglo” entre Guerreros Unidos y José Luis Abarca y su primo, el jefe policiaco Felipe Flores, lo había concertado la señora Pineda Villa, “quien manda realmente en Iguala”.

El exprocurador de Guerrero Iñaki Blanco investigaba a familiares de Pineda Villa desde 2009, y al propio alcalde por su presunta participación en el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona. La CNDH recordó en la exhaustiva investigación llevada a cabo por el equipo de José Trinidad Larrieta que cuando un grupo rival secuestró a María Leonor Villa Ortuño, madre de María de los Ángeles, una de las exigencias fue que Abarca “entregara” la plaza.

El alcalde de Iguala había pasado en poco tiempo de vendedor de huaraches a dueño de varias joyerías y luego a propietario de una plaza comercial. Su ascenso político fue auspiciado por el exalcalde Lázaro Mazón, quien luego fue secretario de Salud en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (los nexos del entonces gobernador con la señora Pineda Villa no han sido aclarados hasta la fecha).

Uno de los hermanos Casarrubias indicó que Abarca entregaba dos o tres millones como “aportación bimestral o mensual” al grupo delictivo.

La CNDH recogió testimonios de habitantes que cuestionaban el origen de los recursos de la familia Abarca-Pineda, los cuales les permitieron adquirir más de 30 “inmuebles bajo sospecha”.

La candidatura de Abarca, como se sabe, fue palomeada por AMLO aun cuando había denuncias sobre su relación con la delincuencia organizada. La CNDH reprochó más tarde que se hubieran pasado por alto estos vínculos, “públicamente conocidos”, y asentó en su informe que, aunque Abarca “ocupaba niveles intermedios en los que recibía y transmitía órdenes”, era un eslabón fundamental para la operación del grupo, y su contribución a este fue fundamental.

Abarca y Pineda Villa consintieron la detención de los estudiantes y no se opusieron a que fueran entregados a los Guerreros Unidos. De hecho, esta detención fue consumada por municipales que se hallaban bajo las órdenes del alcalde (el grupo conocido como Los Bélicos) y que eran en realidad el brazo ejecutor de la organización.

Van más de 70 liberados. Otros dos de los personajes que protagonizaron, en Iguala, aquella noche negra, podrían quedar en libertad a causa de un proceso que ha sido llevado en forma desastrosa.
Esa es la justicia que México le hace a los padres de las víctimas. 

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